El concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha denunciado que el Consistorio va "con un año de retraso" en la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto.
Se trata de un censo de obligada realización tras la aprobación de la Ley de Residuos de 2022, que daba un plazo de un año para que las administraciones locales detectaran los emplazamientos afectados e incluyeran un calendario para planificar su retirada.
Y según esa norma, tanto el censo como el calendario deben ser públicos y tienen que remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, para que inspeccionen y verifiquen la correcta retirada del amianto atendiendo a la "peligrosidad" y exposición del producto a la población "más vulnerable".
"Se trata de un tema de salud, que puede afectar a edificios de trabajo y educativos, y que hay que tratar con prudencia y agilidad", ha explicado Martínez en nota de prensa, en la que ha anunciado que llevará el tema al próximo Pleno, al igual -ha indicado- que han hecho sus compañeros en Torrelavega, "donde el equipo de Gobierno (PRC-PSOE) ha decidido mantenerse fuera de la ley".
El edil confía en que el equipo de Santander del PP "sea más abierto y comprenda las consecuencias a largo plazo de seguir alargando este incumplimiento", por lo que ha puesto en su conocimiento las carencias que ha conocido.
Y es que, además de los ayuntamientos, el Gobierno de Cantabria también debe realizar un registro autonómico, que lleva pendiente desde el año 2006.
Según la ley actual, el plazo para finalizar la retirada de amianto en instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo finaliza en 2028; y 2032 es la fecha límite marcada para abordar el resto de los edificios, según las recomendaciones de la Comisión Económica y Social de la UE (CESE).
Para aludir a la peligrosidad del producto, Martínez ha señalado que el pasado año la justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de FEVE en Santander.
Además, el desplome de la cubierta de la vieja nave de Gráficas Martínez, en junio de 2023 Santander, "ha despertado las alarmas en trabajadores de la Biblioteca Municipal y vecinos, por la fragmentación de uralita y el consecuente riesgo".
El edil ha dicho que ha accedido al informe del Servicio de Prevención del Ayuntamiento, elaborado tras una solicitud sindical, donde se recomienda la estabilización de la estructura y la retirada de este material.
"Dada la antigüedad de la mayor parte de los edificios construidos en Santander, es importante realizar cuanto antes un registro, control y eliminación de cualquier elemento, como por ejemplo tuberías, tengan este riesgo", ha señalado.
Para finalizar, ha indicado que "la mayor parte de los emplazamientos en Santander datan de los años 60, 70 y 80, cuando el amianto era legal y extendido", de ahí la importancia de que "comience cuanto antes la detección y supresión de cualquier resto de manera paulatina".
