En un comunicado, la asociación advierte de que este tipo de eventos pueden convertirse en focos de contagio de Covid-19 si no realizan controles para garantizar que se cumplan medidas de seguridad y sanitarias correspondientes.
Considera que, el reciente caso del concierto de la banda Taburete en el festival Starlite --que Facua ya ha pedido que sea investigado-- pone de relieve la necesidad de que las administraciones públicas vigilen que las empresas organizadoras siguen dichas medidas, respetan la distancia de seguridad entre los asistentes y obligan al uso de mascarilla.
Facua indica que el hecho de que los usuarios accedan a un espectáculo con mascarilla no implica que vayan a seguir utilizándola durante el desarrollo del evento, a la vez que el hecho de que la empresa respete el aforo máximo no implica que vayan a guardarse en su interior la distancia de separación adecuada, pudiéndose agolpar en determinados puntos o usando los asientos que consideren.
Esta asociación asegura que muchos usuarios se han puesto en contacto con Facua para trasladar que se están encontrando con camareros y personal de hostelería de distintos establecimientos que "no respetan las medidas de seguridad, utilizando incorrectamente la mascarilla y dejando al descubierto en muchos casos nariz y boca, con el riesgo de contagio que puede suponer esta práctica".
Ante estas denuncias ciudadanas, considera "imprescindible" que se compruebe durante el desarrollo de un espectáculo si tanto la empresa organizadora como los propios asistentes al mismo cumplen con las medidas de seguridad establecidas para evitar los contagios por Covid-19, así como el cumplimiento por parte del personal de establecimientos hosteleros.
"Los responsables de eventos y locales deben garantizar que tales medidas se cumplen en todo momento, no sólo a la hora de acceder a las instalaciones", insiste Facua.
Por todo ello, Facua, que también se ha dirigido a los consejeros de Salud de las otras dieciséis comunidades autónomas, insta a que se elabore un plan para que se ejecute el mayor número de inspecciones posible y, en caso de detectar incumplimientos por la ausencia de control por parte de las empresas, se proceda a adoptar "sanciones contundentes" como el cierre del establecimiento o instalaciones durante "un número elevado de meses", así como la imposición de "multas proporcionales a la gravedad de los hechos".
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