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El exalcalde de Santiurde de Toranzo será juzgado por desobedecer la orden de derribo de la planta de hormigón

Comentarios029 sep 2018 12:33 - CEST
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El Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Medio Cudeyo ha acordado la apertura de juicio oral al exalcalde de Santiurde de Toranzo, el regionalista Estanislao Fernández, para quien la Fiscalía solicita 15 meses de inhabilitación para cargo público y una multa de 1.260 euros por un presunto delito de desobediencia relacionado con la ejecución de la sentencia de demolición de la planta de hormigón de Fernández Rosillo.

Por su parte, el demandante pide dos años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros, según consta en el auto de apertura de juicio oral al que ha tenido acceso Europa Press, dictado el pasado 19 de septiembre por el juez Enrique Quintana, que determina como órgano competente para juzgar al exalcalde el Juzgado de lo Penal de Santander.

El denunciante es el mismo vecino que hace más de diez años interpuso las primeras denuncias contra la planta de hormigón de Fernández Rosillo y que después de varios años de denuncias y juicios, consiguió su desmantelamiento tras perder la empresa el último pleito en el Tribunal Supremo a finales de 2015.

Arropado por Ecologistas en Acción, el vecino demandante pidió responsabilidades penales para el entonces alcalde por lo que consideraba una "actitud obstruccionista" y una "frontal desobediencia" de la orden de demolición de las instalaciones de Fernández Rosillo, ubicadas en la zona de policía y servidumbre del Río Pas, LIC (Lugar de Interés Comunitario) de la Red Natura, clasificada como suelo rústico de especial protección.

En un auto de marzo del año pasado, la Audiencia desestimó el recurso del exalcalde contra el auto del Juzgado de Medio Cudeyo que ponía fin a la instrucción y le imputaba un presunto delito de desobediencia.

En esa resolución, recogida por Europa Press, la Audiencia señala que el exalcalde no ordenó la publicación del fallo de la sentencia del TSJC de enero de 2009 confirmada por el Supremo en junio de 2012, que declaraba la nulidad de la modificación puntual de las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo.

También señala que hizo "caso omiso" a los reiterados requerimientos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander para que ejecutase la sentencia de enero de 2009, confirmada por el TSJC en diciembre de 2012, que anuló la licencia para la planta de hormigón y ordenó su demolición.

El citado juzgado le apercibió en enero de 2015 de la posibilidad de imponerle multa coercitiva por su reiterado incumplimiento a las resoluciones judiciales.

Durante la instrucción del Juzgado de Medio Cudeyo, la secretaria del Ayuntamiento declaró que el regidor "conocía perfectamente" los requerimientos de derribo, y que la única actuación tendente a su cumplimiento fue acordar, en enero de 2015, la suspensión de las actividades de la planta y requerir a Rosillo para que presentara un proyecto de posible legalización urbanística.

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