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FCC y ASCAN recurrirán la sentencia del TSJC que da la razón al Gobierno en el pleito por el puerto de Laredo

Comentarios015 mar 2019 15:32 - CET

CANTABRIA.-FCC y ASCAN recurrirán la sentencia del TSJC que da la razón al Gobierno en el pleito por el puerto de Laredo

Las constructoras FCC y ASCAN, que conforman la UTE Marina de Laredo, recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que da la razón al Gobierno regional en el grueso del contencioso que mantienen ambas partes como consecuencia de la liquidación de la concesión para la construcción y explotación del puerto deportivo de Laredo.

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Las constructoras FCC y ASCAN, que conforman la UTE Marina de Laredo, recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que da la razón al Gobierno regional en el grueso del contencioso que mantienen ambas partes como consecuencia de la liquidación de la concesión para la construcción y explotación del puerto deportivo de Laredo.

Marina de Laredo recurrió el 31 de mayo de 2017 el acuerdo del Consejo de Gobierno del 6 de abril de 2017 que confirmó la liquidación del contrato por un importe de 12,6 millones de euros, y reclamó en su lugar 31,3 millones de euros más intereses, es decir, 18,6 millones más de la cantidad ya abonada por la administración regional.

En una sentencia dictada el pasado 25 de febrero, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) estima parcialmente el recurso de FCC y ASCAN, pero sólo reconoce 2,57 millones de euros del IVA que Marina de Laredo abonó a la Agencia Tributaria y ésta devolvió a su vez al Gobierno de Cantabria.

El TSJC concluye que ese dinero del IVA "no llegó a formar parte de la aportación económica que la administración hizo para la construcción de la obra", por lo que considera "improcedente" que se le compute dicha cantidad a la demandante como si la hubiera recibido.

De esta manera, la Sala reduce la cantidad efectivamente percibida por la concesionaria de 44,86 millones a 42,29 millones, a la vez que desestima el resto de conceptos alegados por las constructoras, que tras estudiar el fallo, han confirmado que lo recurrirán ante el Tribunal Supremo.

Mientras la administración cifraba el importe de la inversión en obras y adquisición de bienes en 60,69 millones de euros, las demandantes reclaman 66,57 millones de euros, a lo que además añaden otras inversiones por importe de 11,68 millones que elevan el total a 78,25 millones, así como el coste del proyecto por importe de 995.000 euros, cuestiones todas ellas rechazadas por el TSJC salvo los 2,57 millones del IVA.

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