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El macrojuicio de 'La Loma', con 46 imputados, comenzará en octubre y durará seis meses

Comentarios010 ene 2019 18:49 - CET
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El macrojuicio de 'La Loma', el caso de corrupción urbanística de Castro Urdiales en el que están imputadas 46 personas entre políticos, promotores y empleados municipales, comenzará el 1 de octubre y se prolongará durante seis meses, en principio hasta finales de marzo.

Es el calendario que el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia provincial ha planteado este jueves a los abogados de las acusaciones y las defensas, y que está pendiente de confirmar, previsiblemente la próxima semana-

En esta macrocausa están imputados 13 promotores, diez funcionarios y técnicos municipales y 23 políticos, entre ellos los exalcaldes de Castro Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera.

La Fiscalía ha solicitado para todos ellos cerca de 200 años de cárcel en total por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, ordenación del territorio, falsedad de documento público, cohecho, estafa, infidelidad en la custodia de documentos públicos y desobediencia a la autoridad.

CALENDARIO

Con más de 370 testigos, el juicio se celebrará en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en Las Salesas, con cuatro sesiones por semana en horario de mañana, y se habilitará una sala para público en la segunda planta del complejo judicial.

El calendario propuesto, contempla tres días para cuestiones previas, del 1 al 3 de octubre; y la declaración de los 46 acusados del 7 de octubre al 14 de noviembre. A continuación irán los testigos solicitados por la Fiscalía, 176 en total, que declararán del 18 de noviembre al 16 de enero.

También en enero declararán los testigos de las acusaciones, 50 en total, y a continuación los de las defensas, 120. En la segunda quincena de febrero, declararán 40 peritos, y si se cumplen las previsiones, en marzo serán las conclusiones e informes de las partes y la última palabra de los acusados.

INSTRUCCIÓN DEL JUEZ ACAYRO SANCHEZ

La causa, conformada por 101 tomos y más de 57.500 folios, fue instruida por el juez Luis Acayro Sánchez durante su etapa al frente del Juzgado de Instrucción nº 2 de Castro Urdiales.

La confirmación por parte de la Audiencia de la instrucción y las imputaciones formuladas por el juez Acayro Sánchez provocó la dimisión, en mayo de 2015, a las puertas de las elecciones, de los candidatos del PSOE a las Alcaldías de Castro Urdiales, Daniel Rivas, y Laredo, Juan Ramón López Revuelta.

Ese mismo mes de mayo, Acayro Sánchez dictó el auto de apertura de juicio oral, en el que reiteraba la existencia de "múltiples indicios" de delitos contra la administración pública, en sus diversas modalidades, en el desarrollo urbanístico de La Loma,

Todos ellos cometidos, según el juez instructor, "en un contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades", que habrían provocado un perjuicio al patrimonio municipal de unos 9,4 millones de euros, y el enriquecimiento ilícito de algunos de los imputados.

En el auto de apertura de juicio oral, dictado hace más de tres años y medio, Acayro Sánchez fijaba fianzas multimillonarias para 28 de los 46 imputados y para el Ayuntamiento, al que denegó la condición de perjudicado y solicitó 53 millones de euros como responsable civil subsidiario.

ANULACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS CONTROLES

El juez instructor considera que el desarrollo de La Loma ha sido gestionado "a criterio y voluntad de los responsables municipales, técnicos y promotores, mediante una anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de la legalidad urbanística, así como de la manipulación de los expedientes que ha lucrado a los mismos, al tiempo que ha ocasionado un grave perjuicio al patrimonio municipal, a la Administración del Estado, a la Junta Vecinal de Santullán y a los particulares que han adquirido viviendas viciadas de graves ilegalidades urbanísticas".

Así, señala que los planes parciales se aprobaron "con indiciario conocimiento de su ilegalidad", ya que tenían hasta siete informes negativos de la CROTU y las estimaciones de impacto ambiental se obtuvieron de forma "fraudulenta" al "simular la existencia de infraestructuras que no eran tales".

El auto de apertura de juicio oral añade que se aprobaron los proyectos de urbanización y se concedieron todas las licencias pese a que hasta en 19 ocasiones los servicios técnicos y jurídicos pusieron de manifiesto la falta de infraestructuras básicas; hasta en 17 comisiones y tres plenos los imputados han tenido "conocimiento directo de la ilegalidad que estaban cometiendo"; y hasta en 19 ocasiones se han presentado denuncias por parte de particulares sobre ilegalidades urbanísticas.

FIANZAS

De los 28 imputados para los que se fijó fianza, nueve son exconcejales, siete funcionarios y técnicos municipales y 12 promotores. Las fianzas de mayor cuantía son las fijadas para los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, a los que el juez instructor pidió 52,6 millones por un delito de prevaricación urbanística, como responsables civiles solidarios junto a autoridades y funcionarios.

La misma cantidad pidió el magistrado para el exsecretario del Ayuntamiento, para el autor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y para una técnico municipal, por prevaricación urbanística en los dos primeros casos en grado de cooperación necesaria.

Acayro Sánchez solicitó otros 30 millones de fianza a los exconcejales José Miguel Rodríguez López 'KyK', Jaime Díaz Muro, Santiago Vélez, Concepción Carranza y Salvador Hierro, también por el delito de prevaricación urbanística.

Entre los 12 promotores a los que el juez pidió fianza figura el exportavoz municipal del PSOE en Laredo, José Ramón López Revuelta, que en cumplimiento del código ético de su partido dimitió como candidato a la Alcaldía de la villa pejina cuando se confirmó su imputación, y al que el magistrado solicitó 11 millones de euros por estafa continuada en la venta de viviendas pese a conocer la situación de ilegalidad en que se encontraban.

Además, el juez fijó otra fianza de 500.000 euros para los gastos de la eventual demolición de las viviendas construidas en la zona de servidumbre de la autovía y del futuro vial autonómico, demolición que a su entender es "altamente previsible" porque "todos los contratos han sido resueltos, los compradores han recuperado el dinero y no habita nadie".

En esta causa hay múltiples acusaciones particulares, entre ellas la Junta Vecinal de Santullán y varias entidades bancarias.

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