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Medio Rural niega "inacción" en la gestión del lobo y ve "incomprensibles" las palabras de Zuloaga

Ha pagado 700.000€ de expedientes de daños de 2015 a 2018 y 229.000 de otros de la pasada legislatura y dado mil autorizaciones para matar lobo

Comentarios007 nov 2018 15:26 - CET

CANTABRIA.-AM.- Medio Rural niega "inacción" en la gestión del lobo y ve "incomprensibles" las palabras de Zuloaga

Ha pagado 700.000€ de expedientes de daños de 2015 a 2018 y 229.000 de otros de la pasada legislatura y dado mil autorizaciones para matar lobo

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El consejero de Medio Rural, Jesús Oria (PRC), ha negado "inacción" en la gestión del lobo y ha tildado de "incomprensibles" las palabras del secretario general del PSOE y delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, sobre el problema y espera que su "preocupación" se traduzca en una colaboración del Ejecutivo central en el pago de daños de esta especie a los ganaderos o en medidas compensatorias.

"Estamos a la espera en el Gobierno de Cantabria, y concretamente en la Consejería, de las propuestas que el Gobierno central, a través del delegado del Gobierno, tenga que hacernos para colaborar con nosotros en en el pago de los daños o para proporcionarnos las herramientas presupuestarias y legislativas para dar otras compensaciones a los ganaderos", ha dicho Oria en una rueda de prensa en la que ha comparecido con el director general de Medio Natural, Antonio Lucio.

Así, ha respondido al ser preguntado por el apoyo del PSOE --socio del PRC en el Gobierno de Cantabria--, a través de Zuloaga y de la secretaria de Organización de este partido, Noelia Cobo, a la concentración de los ganaderos del pasado fin de semana en la feria de Arrendondo para protestar por los ataques del lobo al ganado.

En ella, Zuloaga, se comprometió con los ganaderos a abordar el problema de los ataques del lobo, que, según dijo, necesita una "urgente solución".

El titular de Medio Rural ha reconocido que en la Consejería están "enormemente sorprendidos" por las palabras de Zuloaga, que no ha querido valorar más por "lealtad institucional".

A preguntas de los periodistas, Oria ha asegurado que, en el Consejo de Gobierno "ninguno" de los consejeros, tampoco los del PSOE, se han manifestado "en contra" de la fórmula elegida por la Consejería para abordar este problema. "En absoluto", ha aseverado.

La solución por la que apuesta el Gobierno que es mantener al lobo como especie cinegética pero llevar a cabo una reforma de la Ley de Caza de Cantabria para que el Ejecutivo regional pueda hacerse cargo de todas las indemnizaciones por daños del lobo en todo el territorio y no, como ahora, en la que solo puede asumir las de ocasionados en la Reserva Regional Saja.

Oria ha vuelto a señalar que espera que tanto la reforma de la Ley de Caza como el Plan de Gestión del Lobo queden aprobados por el Parlamento de Cantabria en esta legislatura.

CRÍTICAS AL PP

El consejero ha criticado, además, las declaraciones del PP, que también ha mostrado su respaldo a las protestas de los ganaderos ante los ataques del lobo y denunció "bandazos", "mentiras" y "mala gestión" del Gobierno en esta legislatura en el tema del lobo.

Tras las declaraciones de distintos representantes políticos sobre este tema y el apoyo de alguno de ellos a las protestas de los ganaderos, el consejero de Medio Rural ha señalado que "hasta cierto es comprensible" por la cercanía de las elecciones autonómicas y municipales de 2019 que el tema del lobo entre en el debate político o mediático pero cree que hay "líneas rojas" que "nunca" debieran traspasarse.

A su juicio, estas "líneas rojas" son la de "utilizar el lógico malestar" de los ganaderos como "arma arrojadiza" o, como según ha dicho ha hecho el PP, "faltar a la verdad".

Concretamente, Oria ha tildado de "desvergüenza" la postura de un PP y las "urgencias" que ahora tiene para solucionar este problema cuando --ha recordado-- tuvo competencias en esta materia entre 2011 y 2015.

Según Oria, en esos cuatro años el PP dejó sin pagar o tramitar un total de 652 expedientes por daños del lobo a ganaderos durante esa legislatura que sumaban, según los datos aportados por Lucio, unos 229.000 euros y que el actual Ejecutivo pagó en 2016 y 2017.

El consejero ha asegurado que el PP tampoco no dio "ni un solo paso" y "ni se planteó" la modificación de la Ley de Caza que está promoviendo el bipartito regional, y que "tan sencilla" parece ahora a los 'populares', para que el Gobierno regional sea quien pague los daños causados por el lobo en todo el territorio y "no reconoció" tampoco a la Mesa del Lobo en la que se ha abordado el Plan de Gestión de esta especie.

Oria ha señalado que el Plan de Gestión que mantendrá al lobo como especie cinegética pero que permita al Gobierno correr con todas las indemnizaciones por daños no puede aprobarse si antes no se hace lo propio con la modificación de la Ley de Caza de Cantabria, que el actual Ejecutivo regional emprendió "en octubre de 2017".

Por ello, el consejero "supone" que "las urgencias" que algunos representantes políticos demandan se hacen "desde el desconocimiento" del recorrido jurídico y administrativo de un proyecto de ley o por "ignorancia" de la labor que está desarrollando el Ejecutivo regional.

LA CONSEJERÍA NIEGA "DEJACIÓN DE COMPETENCIAS"

Oria ha defendido que el hecho de que no se haya aprobado la modificación de la Ley de Caza o el Plan de Gestión del Lobo "no significa" que el Gobierno haya hecho "dejación de sus competencias" o "no haya tomado medidas" en favor de la "compatibilidad tan deseada" entre ganadería extensiva y conservación de lobo.

Así, ha asegurado que el Gobierno ha tomado "desde el primer día" las dos medidas que puede adoptar para la gestión del lobo en tanto se aprueba la modificación legislativa y el Plan de Gestión que son, según ha dicho, el pago de las indemnizaciones por daños del lobo en aquellos territorios donde el actual marco legal lo permite (la Reserva Regional de Caza) y el control poblacional de la especie.

Como prueba de ello, tanto Oria como Lucio han expuesto algunos datos que, a su juicio, demuestran que no ha habido la "inacción" o "inactividad" por parte de la Consejería en la gestión del lobo.

En cuanto al pago de los daños, Lucio ha explicado que, además de pagar los 652 expedientes de daños del lobo que estaban sin pagar de pasada legislatura, el Gobierno ha abonado aquellos que se han generado en la presente en la Reserva Regional Saja, que son los que, según ha reiterado, puede asumir con el actual marco legal, a través de un seguro que suscribió en el PP cuando gobernaba, y que cuesta al Ejecutivo unos 412.500 euros.

Este seguro cubría aquellos daños a partir de enero de 2015 y desde entonces, y hasta el 31 de octubre, se han pagado o tramitado 1.757 expedientes por valor de 705.000 euros.

Un total de 305 expedientes, por valor de 116.000 euros, eran de 2015; 528 expedientes por 220.000 euros de 2016, y 590 por 235.000 euros de 2017. En cuanto a 2018, hasta el 31 de octubre, se habían tramitado 334 expedientes por un importe aprobado de casi 134.000 euros.

Lucio ha explicado que falta por tramitar este año otros 171 de los dos últimos meses y medio, con lo que en 2018 ya se ha llegado al medio millar de expedientes.

Ahora, el Ejecutivo está preparando los pliegos para la nueva licitación de un seguro que cubra los daños del lobo en todo el territorio de Cantabria, no solo en la Reserva Regional, con lo que su precio se incrementará.

Aunque Lucio ve "prematuro" realizar una estimación de cuánto puede elevarse el seguro porque aún no ha salido a licitación y, por tanto, no se han presentado ofertas cree que el precio del mismo podría superar el medio millón de euros.

En cuanto a los controles poblaciones, desde 2015 al 31 de octubre de 2018, el Gobierno ha concedido casi un millar de autorizaciones para matar lobo, sumando aquellas a la Guardería de la Dirección General del Medio Natural, las llevadas acabo aprovechando batidas de jabalí o aquellas batidas extraordinarias específicas para el lobo.

En total, en este periodo, se han abatido más de un centenar de animales: 17 en 2015; 31 en 2016; 40 en 2017, y 17 en 2018 (hasta el 31 de octubre).

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