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Lavín y De León recurren el auto que les imputa administración desleal en Ecomasa en la vía penal

Los administradores de Ecomasa, Jesús Lavín y Andrés de León, han recurrido ante la Audiencia provincial el último auto de la jueza que instruye este caso en la vía penal, que mantiene su imputación por un presunto delito de administración desleal al frente de la fallida empresa de estufas de Maliaño, que recibió 18 millones de euros de dinero público en préstamos y avales, y archiva la acusación de malversación.

Comentarios023 sep 2018 12:16 - CEST
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En el auto, la titular del Juzgado de instrucción nº 5 de Santander, Mercedes Compostizo, ordena continuar la tramitación de las diligencias previas, por el trámite del procedimiento abreviado, por los hechos investigados a De León y Lavín por un presunto delito de administración desleal.

Asimismo, se da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o sobreseimiento de la causa o "excepcionalmente", la práctica de diligencias complementarias que consideren "imprescindibles" para formular la acusación.

La defensa de Lavín, en un recurso al que ha tenido acceso Europa Press, pide la anulación de dicho auto argumentando que, "por aplicación del principio constitucional de intervención mínima del derecho penal, la conducta a enjuiciar no tiene encuadre dentro del derecho penal sancionador, sino del ámbito estrictamente mercantil".

JUICIO MERCANTIL

El auto de la jueza instructora se notificó a las partes un día antes del juicio por el concurso de acreedores de ECOMASA en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santander, en el que la administración concursal y la Fiscalía piden que el concurso se declare culpable y se condene a Lavín y de León a cinco y ocho años de inhabilitación, respectivamente, por "salida fraudulenta" de fondos y bienes, "maquillaje" financiero de las cuentas, retraso en la solicitud del concurso y operaciones tributarias "ficticias".

La defensa de Lavín argumenta que el auto del Juzgado de Instrucción Nº 5 se concentra en tres operaciones que ya están siendo analizadas por el Juzgado de lo Mercantil, y que los hechos han de enmarcarse y enjuiciarse "única y exclusivamente en la jurisdicción mercantil".

Las tres operaciones son la capitalización de un préstamo de 500.000 euros concedido por Ecomasa (EWI) a N.M. CHILE, empresa del mismo grupo; la adquisición de participaciones de CHIMENEAS BARCELONA en compensación de una deuda que tenía pendiente de cobrar de ECOMASA DE INVERSIONES por importe de 898.515 euros; y la compensación de un crédito de 1,8 millones de euros de una deuda de ECOMASA DE INVERSIONES II con EWI, por la compraventa de la marca SOMMETFIRE.

La defensa de Lavín sostiene que ninguna de estas tres operaciones fueron "perjudiciales" para ECOMASA ni para terceros, que "hubo total transparencia" y se hicieron "con luz y taquígrafos" y de la mano del ICAF y SODERCAN, y que "por tanto no tienen carácter fraudulento ni son lesivos para EWI ni para terceros".

Sin embargo, la administración concursal defiende que se desvió dinero de Ecomasa -empresa que recibía fondos públicos y de la que SODERCAN era socio-, hacia otras empresas del mismo grupo de las que no participaba la empresa pública.

La vía penal, en la que están personados SODERCAN y el Instituto Cantabro de Finanzas (ICAF), se abrió hace más de tres años --el 21 de julio de 2015-- a raíz de la querella de los trabajadores de Ecomasa contra Lavín y León, a la que más tarde se unió la denuncia presentada por el Gobierno PRC-PSOE ante la Fiscalía.

La querella de los trabajadores se basaba en cuatro presuntos delitos que la jueza instructora ha archivado: apropiación indebida de los 3,2 millones de la aportación de TEKA, que consideraban que eran sus indemnizaciones por despido; fraude a los trabajadores; fraude de subvenciones por unos cursos de formación; y apropiación indebida de subvenciones públicas.

Además de la "abundante documental" que obra en las actuaciones, de más de 8.600 folios, constan en autos cuatro informes periciales sobre los hechos denunciados: uno de Ernst and Young encargado por SODERCAN, otro de un perito judicial, otro del administrador concursal designado por el Juzgado de lo Mercantil en los autos del concurso voluntario y otro de KPMG aportado por las defensas y contradictorio con los tres informes anteriores.

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