La presidenta del PP, María José Saénz de Buruaga, ha denunciado hoy que el Gobierno de Cantabria está conduciendo a las empresas y entidades del sector de la dependencia a una situación "límite" y las está sometiendo a una "campaña de desprestigio injusta y ruin", por lo que ha pedido al Ejecutivo de Revilla que "rectifique, deje de atacar al sector, abandone el chantaje y retome el diálogo".
Buruaga ha señalado en rueda de prensa que el sector de la dependencia necesita una nueva normativa que sitúe en el centro de la atención a la persona, que tenga un alto grado de consenso, que perdure en el tiempo y que cuente con una financiación estable y suficiente para garantizar la máxima calidad en la atención y la sostenibilidad y viabilidad del sector".
"El Gobierno debe ponerse manos a la obra ya, porque el presupuesto de 2019 será su última oportunidad", ha dicho Buruaga, quien ha advertido que "la normativa que no le valga al sector, tampoco le va a valer al PP", y ha confiado en que el Gobierno "no vuelva a cometer el mismo error tratando de imponer una normativa que ocho años después no ha dejado de generar problemas".
"Queremos ser cauce de diálogo, y vamos a ser el freno a la imposición del Gobierno", ha advertido. Buruaga ha afirmado que "llevamos meses asistiendo a un conflicto insólito y absurdo" y ha asegurado que el sector "no puede más, y si no se planta es por su gran sentido de la responsabilidad".
Ha opinado que el Gobierno de Revilla ha emprendido "un ataque furibundo" contra las empresas y entidades del sector, a las que trata de presentar como "insaciables en sus peticiones, acusándolas injustamente de demandar cambios en la normativa a costa de una merma de la calidad en la atención", todo ello con el objetivo de "imponer bajo presiones y chantajes una nueva normativa que no ha sido capaz de negociar y sacar adelante en tres años y medio".
Para Buruaga, se trata de "una maniobra de desgaste en toda regla" y una "campaña de desprestigio" que en el PP "no vamos a consentir", ha avisado. A la vez, ha hecho hincapié en que este no es un problema de medio gobierno, no es una responsabilidad de la otra mitad, por lo que ha advertido de que si la parte socialista no lo hace, el presidente Revilla tendrá que ejercer como tal.
LEGISLATURA "PERDIDA"
En su opinión, en materia de dependencia ha sido una legislatura "perdida, sin resultados, sin avances", en la que el Gobierno "no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos".
"El Gobierno de Revilla dijo que venía a revertir los recortes del Partido Popular y a colocar nuestros servicios sociales al nivel de los países del norte de Europa, pero lo único cierto es que la situación es hoy mucho peor y cada día que pasa empeora", ha afirmado.
En su opinión, "nada ha mejorado ni para las personas dependientes ni para las empresas y entidades que las atienden, a pesar de la actitud hipócrita de un Gobierno que se ha apropiado del discurso del bienestar pero que, en realidad, dice una cosa y hace justo lo contrario".
Así, ha asegurado que hoy se destina menos presupuesto que en el año 2015 a financiar las prestaciones del sistema, "siete millones menos a financiar las plazas en residencias, centros de día y la ayuda a domicilio"; y que se han "disparado" tanto las personas que esperan como el tiempo que esperan.
Según ha señalado, la última estadística del ICASS, correspondiente al 1 de agosto, refleja que 5.026 personas en situación de dependencia esperan el reconocimiento efectivo de su derecho, frente a 4.782 hace un año. Además, asegura que esperan una media de siete u ocho meses frente a los tres meses que "algunos veían inconcebible" en 2014.
Buruaga ha añadido que el Gobierno PRC-PSOE ha "apeado a Cantabria del podio" de las comunidades autónomas con mayor desarrollo de la Ley de Dependencia, de forma que "en 2015 éramos segundos y ahora ocupamos la cuarta posición, tras las dos Castillas y el País Vasco y se nos aproxima la Rioja".
