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El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Control Ambiental Integrado y modifica la Ley de Caza

Comentarios031 oct 2018 12:52 - CET

CANTABRIA.-Acuerdos.- El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Control Ambiental Integrado y modifica la Ley de Caza

El Ejecutivo destina casi 2 millones en ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura

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El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy para su remisión y tramitación en el Parlamento el proyecto de Ley de Control Ambiental Integrado y una modificación de la Ley de Caza vigente desde 2006 para incorporar al articulado la figura de los planes de gestión de determinadas especies cinegéticas que por sus características ecológicas o su consideración legal en la normativa estatal y europea deben ser objeto de medidas específicas en Cantabria.

El Ejecutivo también ha dado el visto bueno, igualmente a propuesta de la Consejería de Medio Rural, a la concesión de casi 2 millones de euros en ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura. Son un total de 20 ayudas para otras tantas empresas, que contribuirán a movilizar una inversión superior a los 3,9 millones de euros, ha informado en un comunicado.

Por lo que se refiere al proyecto de modificación de la Ley de Caza, el Gobierno considera esta modificación necesaria para contemplar la figura de los planes de gestión especies como las aves migratorias que pueden ser objeto de aprovechamiento cinegético, con especies tan importantes para esta actividad como la becada.

También se encuentran en esta situación las especies de mamíferos que tienen condición de interés comunitario, entre ellas el lobo, incluido en una Directiva de la UE entre las especies cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión.

La actual Ley de Caza de Cantabria no contempla entre sus instrumentos de desarrollo los planes de gestión de especies cinegéticas, por lo que esta modificación crea esa figura legal. El nuevo articulado define el contenido mínimo que han de tener los planes de gestión y su carácter prevalente sobre el resto de instrumentos de ordenación y planificación cinegética.

Entre las especies para las que se elaborará un plan de gestión, una vez aprobada la modificación legal, se encuentra el lobo, con el fin de permitir que la Consejería de Medio Rural se haga cargo de los daños que produzca esta especie en toda la región, y no sólo en la Reserva Regional de Caza Saja como ocurre hasta ahora.

De esta forma, el Gobierno no sólo quiere asegurar el cumplimiento de la normativa europea, sino también garantizar la compatibilidad con la ganadería extensiva, actividad económica que se considera clave para evitar el despoblamiento de las zonas rurales y favorecer la biodiversidad de los ecosistemas y paisajes.

El mantenimiento de la consideración del lobo como especie cinegética irá acompañado en el Plan de Gestión de los criterios para asegurar que los controles de ejemplares que se realicen lo sean con el mayor rigor técnico y teniendo la existencia de daños como el principal factor a la hora de determinar la intensidad del control.

El futuro Plan de Gestión del Lobo mantendrá todos los objetivos que incluía el borrador sometido a información pública en agosto de 2016, como el apoyo a las medidas preventivas de los daños, la aplicación de un pago por servicios ambientales a las ganaderías de extensivo en zonas con presencia habitual de la especie y el control de ejemplares para minimizar los daños.

La única diferencia respecto a dicho borrador es que la caza también podrá utilizarse como herramienta de control, siempre bajo las premisas y con los condicionantes que establezca el plan.

El Gobierno tendrá preparado el Plan de Gestión del Lobo para su inmediata tramitación una vez que se apruebe la modificación de la ley. La becada y el conjunto de las especies de aves migratorias que pueden ser objeto de caza serán las siguientes en contar con planes de gestión de ámbito regional.

LEY DE CONTROL AMBIENTAL

En cuanto a la Ley de Control Ambiental Integrado, esta nueva ley sustituirá a la vigente desde 2006, con el fin de mejorar la protección del entorno natural de la Comunidad. El nuevo documento, según el Ejecutivo, adopta fórmulas innovadoras para contribuir a la conservación del entorno natural, así como de la salud y la seguridad de los seres que en él viven y se desarrollan.

Así, destaca el hecho de que los ayuntamientos incorporen a la licencia de apertura de determinadas actividades o instalaciones una comprobación que valore su incidencia en el medio, además de la posibilidad de permitir a los municipios que establezcan normas adicionales de protección.

El nuevo texto añade, según el Gobierno, "un plus de seguridad jurídica" al aprovechamiento de la energía eólica y al empleo de la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen para la exploración y producción de hidrocarburos, popularmente conocido como 'fracking'.

En la fase de información pública en el portal Cantabria Participa, el documento ha recibido alegaciones del Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS) y Ecologistas en Acción Cantabria.

También ha recibido alegaciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y de la Dirección General de Igualdad y Mujer para posteriormente someterse al exhaustivo examen análisis de la Dirección General del Servicio Jurídico, que ha propiciado alrededor de cuarenta nuevas modificaciones. Finalmente, y antes de aprobarse esta semana en Consejo de Gobierno, se ha sometido a la consideración del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMAC).

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, se ratificó el acuerdo marco firmado con los sindicatos para la mejora de la calidad del empleo público y las condiciones laborales del personal al servicio de la Administración Autonómica.

Este acuerdo, según el Ejecutivo, supone un paso adelante en la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos a raíz de los recortes realizados en 2012, como la jornada laboral de 35 horas o medidas de conciliación de la vida familiar y laboral.

También se aprobó el decreto por el que se establece el régimen de los horarios de los establecimientos públicos, instalaciones portátiles o desmontables destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas. Esta regulación responde a las peticiones de los ayuntamientos y el sector hostelero de la Comunidad Autónoma.

Se autorizó un convenio de colaboración con entidades locales menores y mancomunidades para el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Transparencia de la Actividad Pública.

En Obras Públicas, se concedió el premio Pueblo de Cantabria 2018 a Esles y dos accésits a las localidades de Barriopalacio y Quintana.

En Educación, se autorizó un convenio con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), que aportará una subvención de 69.410 euros para contribuir a los gastos de movilidad de los estudiantes cántabros participantes en el programa Erasmus.

Por lo que se refiere al área de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, se autorizó una aportación dineraria de 172.000 euros a favor de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

En Sanidad, se autorizaron contratos para obras de reforma de la instalación de climatización del laboratorio general del Hospital Comarcal de Sierrallana, con un coste de 443.068 euros; y el servicio de realización de resonancia magnética portátil en el Hospital Valdecilla, por importe de 142.296 euros.

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