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Al menos 44 firmas del congreso del PP de Cantabria fueron falsificadas a favor de la candidatura de Buruaga

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Miembros de la candidatura de la actual presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, falsificaron la firma del discapacitado de Laredo Miguelín y de decenas de compromisarios para amañar el resultado del congreso regional del partido celebrado el 25 de marzo de 2017.

Durante el juicio celebrado este martes en el Juzgado número 3 de Santander, la juez ha tomado declaración como testigo a Miguelín, quien ha reconocido que no es suya la firma que aparece en dos ingresos bancarios realizados a su nombre.

La juez ha pedido al público que abandonara la sala de vistas al tomar declaración a Miguelín, al tratarse de una persona vulnerable que necesita especial tutela de los tribunales, ya que tiene diagnosticada una discapacidad física y psíquica.

Las pruebas practicas por la juez acreditan que miembros de la candidatura de María José Sáenz de Buruaga abrieron una cuenta bancaria a nombre de Miguelín, en la que ingresaron 9.235 euros para pagar las cuotas de 511 afiliados, con el fin de que pudieran participar en el congreso del partido.

Suplantaron la identidad de Miguelín

De esta cantidad, el marido de Sáenz de Buruaga ingresó 500 euros; la actual secretaria general del PP de Cantabria, María José Revuelta, ingresó 2.636 euros; y la presidenta del comité electoral, Isabel Urrutia, realizó otros cinco ingresos por un importe total de 2.099 euros, tal como desveló en exclusiva OKDIARIO.

Luego, en tan sólo 48 horas, miembros del equipo de Sáenz de Buruaga realizaron más de 500 transferencias telemáticas desde la cuenta de Miguelín para pagar las cuotas de 511 militantes de toda la región (60 de ellos corresponden a compromisarios). Estas transferencias se realizaron desde lassedes del PP en Madrid y Cantabria, y desde los ordenadores del hermano de Sáenz de Buruaga y el marido de Isabel Urrutia.

Durante la vista, el abogado Manuel Estrada ha señalado que se produjo así “un fraude de ley. Bajo la apariencia de un pago de un tercero, se utilizó como pantalla a Miguelín, con prevalecimiento sobre su condición de persona vulnerable y con un total desprecio a las posibles complicaciones fiscales que le pueda ocasionar el hecho de que aparezca en su cuenta una cantidad de dinero de imposible justificación”.

Le hicieron firmar una declaración ante notario

El letrado ha aventurado que el dinero utilizado para realizar estas transferencias muy probablemente procedía de las propias arcas del partido, ya que “nadie se cree que las personas que participaron en la operación aportaran más de 9.000 euros de su propio bolsillo”.

Además, ha señalado, en el proceso se vulneró el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, que exige que el pago de las cuotas de los afiliados se produzca mediante domiciliación o abono nominal. No ocurrió así en este caso, ya que en las transferencias realizadas desde la cuenta de Miguelín sólo se hizo constar el DNI de cada afiliado, pero no su nombre y apellidos. Por tanto, las personas que realizaron las transferencias accedieron de forma irregular al censo de militantes.

El abogado del PP, Alexis Godoy, ha esgrimido un certificado según el cual la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la denuncia que presentó uno de los afiliados afectados por la cesión ilegal del censo.

La Agencia de Protección de Datos archivó la denuncia basándose en una declaración ante notario firmada por el discapacitado Miguelín. Durante el juicio, Miguelín ha explicado que miembros del PP le llevaron al notario a firmar el documento, cuyo contenido desconocía por completo.

Hay al menos 44 firmas falsificadas

Pero en la organización del congreso regional del PP se produjeron muchas otras irregularidades. El abogado Manuel Estrada ha explicado que se han detectado al menos 44 firmas falsas en las hojas de inscripción de los compromisarios. No se han podido verificar los datos en otras 10 hojas de inscripción, porque han desaparecido.

Además, en tres de las seis mesas se permitió votar a compromisarios que no habían sido elegidos en el proceso previo. El propio Miguelín era compromisario de la candidatura de Sáenz de Buruaga. Sin embargo, después de que estallara la polémica, no acudió al congreso y la organización permitió que votara otro afiliado en su lugar.

Con todas estas maniobras, ha resumido el letrado Manuel Estrada, “se consiguió alterar el resultado del congreso del PP“, en el que María José Sáenz de Buruaga fue elegida presidenta regional del partido al obtener cuatro votos más que su rival, el ex presidente del Gobierno de Cantabria Ignacio Diego. Con la vista oral celebrada este martes en Santander, el caso ha quedado visto para sentencia.

Información: OKDiario

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