Unidas por Santander (UxS) ha presentado una moción conjunta con los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y Vox para honrar y reconocer en el callejero de la ciudad la labor de los profesionales de la abogacía del turno de oficio, cuyas condiciones de trabajo ha denunciado el Colegio de la Abogacía de Cantabria (ICAC) en sus alegaciones presentadas el pasado diciembre de 2021 a la modificación del Decreto autonómico que regula el Reglamento de Justicia Gratuita.
La iniciativa al Pleno ha surgido del concejal de UxS, Miguel Saro, abogado de profesión y cuenta con el respaldo del Colegio de la Abogacía de Cantabria. En el documento registrado se pide al equipo de Gobierno PP-Cs que se inicie el expediente para que una calle o plaza destacada de Santander lleve un nombre en honor a los abogados del turno de oficio.
"Se trata de un modo de reconocer su labor como servicio público y unir a toda la ciudadanía en las reclamaciones de una mejor calidad a la hora de ofrecer sus servicios", ha defendido Saro en un comunicado.
Además, la moción recoge las reclamaciones y quejas del ICAC sobre la modificación del decreto 86/2008 que está llevando a cabo la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, y que el Colegio ha calificado de insuficientes.
"El turno de oficio está compuesto por un tercio de todos los letrados españoles ejercientes, que voluntariamente son parte indispensable para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y la gratuidad del acceso a la justicia en aquellas personas que carezcan de recursos", ha explicado Saro, que forma parte de este grupo, y que ha pedido "apoyo y dignidad" para la profesión.
En este sentido, ha denunciado que las actuales condiciones de trabajo están "limitando seriamente la calidad del servicio que merecen los ciudadanos", pues las actuaciones se llevan a cabo "con muy pocos recursos muy mal atendidos económicamente y con un enorme peso administrativo".
El objetivo de la propuesta presentada al Pleno es apoyar las reclamaciones del ICAC, que van desde una mejor coordinación para tramitar los expedientes, hasta facilitar unas dependencias dignas donde prestar el servicio en la oficina judicial en condiciones de privacidad y exclusividad, así como una mayor flexibilidad con los plazos de justificación de la intervención del profesional. Por ello, se pedirá que se traslade este acuerdo al Parlamento de Cantabria y todos sus grupos.
Los abogados de oficio reclaman, además, que se aumenten los módulos por retribución a los profesionales que intervienen en el proceso judicial para dignificar su tarea, ya que Cantabria cuenta con una de las menores inversiones por ciudadano a la asistencia jurídica gratuita (3,22 euros), solo por delante de Extremadura y Aragón, y la propuesta de aumento de la Consejería continúa muy por debajo de las comunidades del entorno.
