La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se ha reunido este viernes con representantes de la Federación Cántabra de Vecinos (FECAV) y de la Confederación de Consumidores y Vecinos de Santander y Cantabria para consensuar las aportaciones al futuro decreto de las viviendas de uso turístico en lo que se refiere a las comunidades de vecinos.
Una normativa que nace ante la necesidad de regularlas y abordar el crecimiento incontrolado de establecimientos ilegales, una cuestión que afecta a las comunidades de propietarios, hosteleros y administraciones, para la que el Gobierno ha abierto un plazo de información pública.
Acompañada por los concejales de Turismo y Participación Ciudadana, Fran Arias y Lorena Gutiérrez, respectivamente, Igual trasladado la problemática que afecta en este caso a las comunidades de vecinos y que están relacionadas con la seguridad nacional, ya que estas viviendas pueden ser un lugar "seguro" para el alojamiento de posibles delincuentes ante la falta de trámites de identificación y comprobación por parte de los propietarios.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, Igual también se ha referido a los problemas de seguridad local, como los de convivencia por ruidos, inseguridad vecinal por desconocimiento y falta de identificación de los residentes temporales, así como aquellos relacionados con el uso intensivo y desgaste de zonas comunes por el tránsito continuo en comunidades de vecinos.
Asimismo, se ha tratado la problemática relacionada con la convivencia que lleva a la desconfianza y pérdida de familiaridad del vecindario, asociada al desconocimiento de la identidad de los ocupantes de estas viviendas en edificios de residentes habituales, con distintos hábitos y costumbres.
La alcaldesa ha reiterado que Santander está "totalmente dispuesta" a colaborar con el Gobierno de Cantabria ante la necesidad de regular estas viviendas de uso turístico y ha anunciado que el lunes mantendrá otra reunión con los hosteleros para conocer de primera mano y consensuar sus aportaciones al decreto, tal y como ha ocurrido con las comunidades de propietarios.
"Tanto el Gobierno como los ayuntamientos tenemos una responsabilidad compartida. Debemos poner unas normas consensuadas, que sean comunes para todos", ha subrayado la alcaldesa, que ha recordado que, según datos del Ejecutivo, el año pasado se presentaron en Cantabria 2.031 declaraciones responsables de viviendas de uso turístico, lo que supone un 128 por ciento más que el año anterior.
