Comisiones Obreras ha denunciado "persecución sindical" y "una clara voluntad de acabar con quien busca la transparencia en la gestión" en el despido de una trabajadora de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa que, además ejercía como representante sindical desde el pasado enero.
Según el sindicato, la trabajadora no ha sido despedida por motivos económicos como alegaba la asociación, sino por intentar recabar información que acreditara "supuestas irregularidades en la contratación del nuevo gerente" de la entidad.
En este sentido, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO afirma que la selección del nuevo gerente, que hasta entonces era trabajador interino, no se rigió por los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Tras acabar sin avenencia la conciliación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria (ORECLA), han presentado una demanda que ya tiene fecha para ser juzgada el próximo mes de abril.
Así lo ha informado este lunes la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, en un comunicado en el que ha explicado que la entidad alegó insuficiencia de consignación presupuestaria, es decir, motivos económicos, para justificar el despido de la trabajadora, que se hizo efectivo el pasado mes de septiembre.
Sin embargo, según CCOO, el despido ha venido motivado "por el interés de la representante sindical de intentar recabar información que acreditara supuestas irregularidades en la contratación del nuevo gerente que, hasta entonces, ejercía labores de técnico de forma interina por la excedencia forzosa por ocupación de alto cargo de su predecesor, que pidió su reingreso tras su cese el pasado verano".
La federación ha explicado que, con el cambio de Gobierno en mayo, cambió también el presidente de la asociación, cargo que comenzó a desempeñar Francisco Javier Camino, alcalde de Mazcuerras y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria. La representante sindical le solicitó conocer el proceso de selección para el puesto de gerencia de la asociación, que ostentaba Carmen Fernández del Río y que quedó vacante tras ser nombrada directora general de Desarrollo Rural.
"Teníamos indicios y claras sospechas de que el puesto se había dado a dedo a Pedro González y que la designación se había hecho sin regirse por los principios de publicidad, mérito y capacidad", ha indicado la trabajadora despedida y representante sindical por CCOO, Vania Merino.
Dichos principios se recogen en la Orden MED/01/2023, de 17 de enero, por la que se convoca la selección de estrategias de desarrollo local participativo para el periodo de programación 2023-2027, y donde se estipulan los requisitos de los candidatos seleccionados para los grupos de acción local.
Merino ha explicado que, siguiendo la normativa, los trabajadores de la asociación podrían haber aspirado a ocupar ese puesto por promoción interna, un requisito que el elegido "no tenía", por lo que, en su opinión, "se ha perjudicado" al resto de la plantilla.
"Queríamos acceder a la documentación para ver si el proceso se había realizado con todas las garantías pero fue el principio del fin porque a los pocos días tenía la carta de despido encima de mi mesa aludiendo motivos económicos", ha relatado.
Para el coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Carmelo Renedo, "detrás de todo esto están las sospechas de irregularidades en la gestión y de oscurantismo". A su juicio, el despido "viene motivado por ello y no por las razones económicas que aluden".
El sindicato ha explicado que la asociación fue seleccionada para convertirse de nuevo en Grupo de Acción Local del Sector Pesquero para la zona occidental, lo que conllevaba una ayuda preparatoria de 50.000 euros para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo en materia de pesca para el periodo 2021-2027; una ayuda adicional con la que se puede sufragar el salario de la técnico despedida que tenía esa función entre sus tareas.
"Sin embargo, para mí, que ya hacía ese trabajo anteriormente como técnica en la Comisión de Pesca, no hay dinero y me presentan la carta de despido el 11 de septiembre, sin tener en cuenta que el presupuesto es mayor que años anteriores, ya que hay que añadir la ayuda preparatoria, que puede justificarse imputando las nóminas de los trabajadores", ha lamentado Merino al respecto.
Por todo ello, Renedo ha apuntado a "un contubernio en toda regla", es decir, "una alianza y un complot político para mantener el poder en la asociación".
Se explicaría así, a su juicio, que en la junta directiva donde se acordó nombrar gerente a Pedro González, en la que están, además de Camino, Jesús Maestegui o Charo Urquiza, alcaldesa de San Vicente de la Barquera, entre otros, compareciera la anterior gerente siendo ya directora general de Desarrollo Rural.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía ve cuanto menos "raro" que la anterior gerente acudiera a esa cita a hacer una valoración del puesto y de las responsabilidades de su desempeño y a proponer a quien ahora es gerente para el cargo.
"La ahora directora general de Desarrollo Rural ignoró los principios que rigen cualquier proceso de selección en la administración pública, una gran negligencia, al ser ella precisamente quien, en su nuevo puesto, tiene que velar por el buen funcionamiento y la transparencia en la gestión de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa", ha concluido Renedo.
