La Federación DEAN (Defensa Animal en Cantabria) rechaza la medida de analizar el ADN de las heces de perros para multar a sus dueños que prevé implantar el Ayuntamiento de Castro Urdiales porque supone "duplicidad" y, además, "gravar dos veces" a quien tenga un animal.
La entidad se opone también a esta iniciativa porque esta identificación de canes con fines sancionadores y recaudatorios "no contribuye al bienestar animal".
DEAN ha asegurado en un comunicado que el uso del ADN como método de identificación -no recogido en la ley cántabra de protección de los animales, apunta- para sancionar por no recoger excrementos en la vía pública "no es útil, ni en materia de civismo ni con enfoque recaudador".
El colectivo indica que dicha infracción ya está regulada en la citada norma sin necesidad de analizar el ADN y, también, en la ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales del propio municipio.
Aclaran también que la Orden por la que se crea el Registro de Animales de Compañía y se establece su sistema de identificación contempla como único método de identificación el microchip y, por lo tanto, "sería necesaria una modificación de la normativa autonómica para que fuera factible desde el punto de vista legal".
"Usar el ADN para sancionar a los propietarios es un método poco fiable que plantea serias dudas técnicas y jurídicas, además de su viabilidad económica ya que es muy costoso de implantar, con un complicado retorno de la inversión vía el cobro de sanciones y que genera duplicidades con respecto al ya existente Registro de Identificación de Animales de Compañía de Cantabria (RACIC)".
DEAN avisa que de implantarse la medida que sopesa el Consistorio castreño obligaría a los vecinos con perros a "pagar dos veces por el mismo servicio", al tener que abonar una "doble identificación", una con microchip y otra mediante AND.
DUDAS JURÍDICAS
La presidenta de la Federación, Victoria Cedrún, también se refiere a las dudas jurídicas surgidas y explica al respecto que para garantizar la legalidad de las multas a los infractores de la ordenanza, el municipio debería asegurar la cadena de custodia, es decir, que la muestra no se haya manipulado ni alterado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica (cuando se coteja el ADN de la ficha de cada animal con el de las heces).
Para su toma, además, se requeriría de la presencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la muestra y de su envío al laboratorio.
"Nos preguntamos si desde el equipo de Gobierno se han parado a pensar que el registro genético obligaría también a que la Policía Local controlara, persiguiera y, en su caso, sancionara a quienes, después del plazo concedido, no hubieran inscrito a su animal en dicho registro, pese a que la obligación legal es únicamente la del microchip electrónico, competencia autonómica", cuestiona Cedrún.
A su juicio, los habitantes de Castro "tienen derecho a conocer el coste de su puesta en marcha" y, también, "a saber que el sistema no garantiza un retorno de la inversión realizada para confeccionar el censo a través de las sanciones, como se ha demostrado en los municipios que lo tienen implantado".
Y asimismo "merecen una explicación" el Consistorio sobre qué ocurrirá con las heces de los perros itinerantes (que visitan el municipio y no censados en el mismo), con las de los animales abandonados y también sobre cómo van a evitar contaminaciones cruzadas con excrementos de otras especies.
EL EJEMPLO DE MÁLAGA
El colectivo cita como ejemplo la ciudad de Málaga, el primer gran municipio donde este sistema se implementó, en mayo de 2017, cuando creó un fondo dotado con 200.000 euros para hacerse cargo de los análisis previos para obtener el perfil genético y para asumir también el coste de las pruebas PCR de las muestras de excrementos.
Pero a pesar de ello, el porcentaje de éxito medio alcanzado en la identificación en 2019 y 2020 fue de "entre el 15 y el 22%", según asegura DEAN.
"El sistema es endeble jurídicamente y fácilmente recurrible por los propietarios, además de rechazado por numerosos colectivos, entre los que se encuentran Colegios Veterinarios como el de Valencia y Andalucía, entre otros", añade al respecto
En DEAN también consideran que "no se puede gravar igual a quien cumple la normativa que a quien no lo hace", e indican al respecto que el "sobrecoste para los propietarios que ya cumplen con las obligaciones establecidas en la Ordenanza no sería inferior a 45 euros por cada uno de sus animales".
AUMENTAR LAS INSPECCIONES, SANCIONES Y LA SENSIBILIZACIÓN
"Si de verdad quiere mejorar el bienestar animal y el civismo en las calles del municipio lo que debería hacer el equipo de Gobierno es incrementar las actuaciones inspectoras y sancionar a quien incumple y apostar por la sensibilización y concienciación ciudadana", opinan.
En este sentido, DEAN destaca que la Ordenanza municipal incluye una infracción administrativa grave con una sanción de 301 a 1.000 euros que podrían aumentar hasta los 2.400 en caso de perros mal catalogados como potencialmente peligrosos, lo que pone de manifiesto la "discriminación de determinadas razas respecto a otras".
"Vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal, se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida y, en algunos casos, podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras", concluye DEAN.
