Las defensas piden la nulidad de la instrucción de 'La Loma' y tratan de expulsar a Santullán de la causa

Macrojuicio de La Loma
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Las defensas de los acusados en el juicio del caso 'La Loma', en el que se juzgan irregularidades en el desarrollo urbanístico de esta zona de Castro Urdiales, han solicitado la nulidad de la instrucción, realizada por el entonces titular del Juzgado nº 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, al que acusan de "parcialidad" y de asumir un papel de "acusador", así como de cometer todo un "cúmulo de irregularidades" que supusieron la vulneración del derecho de defensa y a la tutela efectiva efectiva de los investigados.

En una clara unidad de estrategia, los abogados de los acusados han alegado también la "falta de legitimación" de la Junta Vecinal de Santullán para ejercer la acusación particular, con lo que pretenden expulsar del procedimiento a esta parte, que ha formulado cargos contra 11 acusados.

Estas han sido las dos peticiones genéricas formuladas por las defensas durante la sesión de cuestiones previas que ha celebrado este martes la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tras la decisión de la Fiscalía de "contraer" la causa al SUNP-12 y retirar los cargos a 39 de los 45 imputados iniciales, tras lo cual se retiraron del procedimiento todas las acusaciones particulares salvo Santullán.

De aceptar la sala la falta de legitimación alegada por las defensas, únicamente quedaría como acusación la Fiscalía, que solo mantiene los cargos contra seis de los 45 acusados iniciales. Varios abogados de las defensas han elogiado la posición de la fiscal de la causa, Pilar Santamaría, al "tratar de poner coto a una causa injustificada e innecesariamente voluminosa".

Las cuestiones previas continuarán el próximo martes, 19 de noviembre. La sala, presidida por el magistrado Agustín Alonso, resolverá las cuestiones previas en un auto que se notificará a las partes antes del comienzo efectivo del juicio, señalado en principio a partir del 25 de noviembre.

ACUSADOS

La fiscal únicamente ha mantenido los cargos contra los exalcaldes de Castro Urdiales Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, a quienes la Fiscalía ha reducido a cuatro y dos años de cárcel respectivamente, la pena que solicitó en el escrito inicial de acusación del año 2012.

A Díaz Helguera le imputa un delito continuado de cohecho por el que le reclama cuatro años de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 149.082 euros; y a Muguruza, que llegó a ingresar en prisión preventiva por esta causa entre el 18 de febrero y el 9 de marzo de 2010, un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, por el que pide dos años de cárcel y 10 de inhabilitación, descontando el tiempo que estuvo en prisión preventiva y el que estuvo privado cautelarmente de competencias urbanísticas y de contratación, respectivamente.

Por su parte, para Pedro Restegui, que ejerció funciones de arquitecto municipal entre 1997 y 2005, la fiscal del caso, Pilar Santamaría, pide cuatro años de prisión por delito continuado de cohecho, inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años y multa de 1,8 millones de euros.

Cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación solicita también por delito continuado de cohecho para la técnico de Urbanismo Yolanda Sánchez, a la que reclama 442.336 euros de multa; y siete de prisión para el ex secretario César Sáiz: tres por falsedad documental en concurso con prevaricación y cuatro por delito continuado de cohecho, así como multas de 1.087.334 euros y 10.500 euros, y un total de 10 años de inhabilitación.

Por último, para el director de obra Valentín Galdós, pide un total de cinco años de cárcel: cuatro por delito de cohecho y uno por el de falsedad documental, así como 39.000 euros de multa.

Los 11 acusados que propone la Junta Vecinal de Santullán son el exalcalde Fernando Muguruza y los concejales de su equipo de Gobierno, José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; el exsecretario municipal, César Saiz; Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal; Pedro Restegui, exarquitecto municipal; y el arquitecto y director de obra Valentín Galdós Tobalina.

Tanto la Fiscalía como la Junta Vecinal de Santullán piden que se declare la nulidad del Plan Parcial del SUNP 12, del proyecto de compensación, del proyecto de urbanización y de las licencias de obras concedidas; la demolición de las viviendas construidas al amparo de ellas (46), y en particular de las están en zona de servidumbre del futuro vial autonómico y de la autovía A-8 (11).

La Fiscalía también pide que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales, que en la fase de instrucción intervino como perjudicado, llegando a formular escrito de acusación en diciembre de 2013.

Según el Consistorio, este cambio de posición procesal es consecuencia del auto de apertura de juicio oral de mayo de 2015, dictado por el juez instructor, Luis Acayro Sánchez, que "en contra de una corriente doctrinal mayoritaria, negó al Ayuntamiento la opción procesal de intervenir como perjudicado y a la vez como responsable civil subsidiario".

(Habrá ampliación)