La Junta Vecinal de Santullán ha "reformulado" su acusación en el procedimiento de La Loma, tras la modificación del escrito de calificación de la Fiscalía, y ha mantenido los cargos contra 11 personas, tres menos que en el escrito de 2012, por irregularidades en el desarrollo urbanístico del SUNP 12 de Castro Urdiales .
Los 11 acusados que propone la Junta Vecinal de Santullán son el exalcalde Fernando Muguruza y los concejales de su equipo de Gobierno, José Miguel Rodríguez KyK, Concepción Carranza, Jaime Díez Muro, Salvador Hierro, Santiago Vélez y Juan Tomás Molinero; el exsecretario municipal, César Saiz; Carmen Villanueva, ex-ingeniera municipal; Pedro Restegui, exarquitecto municipal; y el arquitecto y director de obra Valentín Galdós Tobalina.
La Junta Vecinal de Santullán les acusa, según los casos, de delitos de prevaricación, prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho, en relación a la aprobación, entre los años 2004 y 2006, del plan parcial del sector de suelo urbanizable no programado SUNP 12, los proyectos de compensación y urbanización y las licencias de obra de 46 chalets, 11 de ellos ubicados en una zona de afección de un vial.
En concreto, solicita cinco años de cárcel para el exalcalde Muguruza, José Miguel Rodríguez KyK, Jaime Díaz Muro, Santiago Vélez y Concepción Carranza por falsedad documental y prevaricación y cuatro años y tres meses al exconcejal Salvador Hierro por los mismos delitos; dos años de prisión a Tomás Molinero por prevaricación; diez años de cárcel para el exsecretario municipal, César Saiz, por falsedad, prevaricación urbanística y cohecho; siete años a Valentín Galdós por falsedad y cohecho; y cuatro años a Pedro Restegui por delito continuado de cohecho.
De esta forma, el número de acusados del juicio de La Loma se elevaría a 13 si se aceptan los 11 que propone Santullán, de los que cuatro están también acusados por la Fiscalía. A propuesta del Ministerio Público están acusados también el exalcalde Rufino Díaz Helguera y Yolanda Sánchez, tras suprimir los cargos contra 39 de los 45 acusados iniciales.
RESPONSABILIDAD CIVIL
En sus alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, la Junta Vecinal de Santullán pide que se declaren nulos todos los instrumentos urbanísticos de desarrollo del SUPN 12, se adhiere a la petición de derribo del Ministerio Fiscal, y reclama responsabilidad civil por daños propios.
En concreto por "los caminos interiores y exteriores destruidos de los que se ha apropiado el sector", que cuantifica en 204.094 euros o subsidiariamente la que resulte de la peritación que se practique en el juicio, más la cantidad que fije la Sala como daños morales de los vecinos y la Junta que los representa, por la privación de sus caminos y el mantenimiento desde 2006 a la fecha en que se regularicen de las obras irregulares existentes.
Respecto al escrito de 2012, Santullán retira la acusación contra la técnico Alicia García, el arquitecto Pablo Sopeña y el exconcejal Guzmán Miranda, y también la acción contra Vallehermoso como responsable directo.
La Junta Vecinal señala que aunque los perjuicios causados a la administración pública, que se han valorado indiciariamente en 6.882.133 euros, "son muy importantes", entiende que quien tiene la legitimación y responsabilidad de ejercer la acción civil de resarcimiento que proceda es el propio Ayuntamiento de Castro Urdiales y en su caso el Ministerio Fiscal.
También renuncia a la exigencia de comiso "de los beneficios económicos que los hechos enjuiciados han reportado a Valentin Galdos Tobalina y Javier Galdos Tobalina a través de sus sociedades instrumentales y a Vallhermoso Division S.A.U. por entender que corresponde en exclusiva al Ministerio Publico y en su caso al Ayuntamiento de Castro Urdiales la exigencia de reparación de los daños a la colectividad y de impedir el enriquecimiento de los responsables que así fueren declarados".
