El Gobierno de Cantabria ha autorizado celebrar un contrato para acondicionar y reforzar el dique norte del puerto de Castro Urdiales, con una inversión de más de 5,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
Además, el Ejecutivo ha aprobado, en su reunión semanal, pagos por 35,5 millones pendientes de abonar por actuaciones realizadas el año pasado y que afectan a diferentes consejerías.
Lo ha informado así la titular de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que igualmente se ha dado luz verde al proyecto de ley del juego de la comunidad autónoma.
Y también, a la modificación de la norma regional de Derechos y Servicios Sociales, para garantizar por ley que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la administración pública.
REFUERZO DIQUE NORTE PUERTO CASTRO URDIALES
En cuanto al acondicionamiento y refuerzo del dique castreño, la consejera de Empleo ha explicado que el objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en la navegación y la operatividad del puerto y de la propia localidad.
Para ello, se va a aumentar el ancho del muro vertical por su lado sur, hasta los 13,50 metros, actuación que se realizará a lo largo de los últimos 250 metros lineales del dique, desde la finalización del recrecido anterior hasta el morro.
Asimismo, se saneará la losa de coronación existente y se ejecutará sobre ella una nueva solera de mayor espesor. Y a la vez, se repararán fallos locales menores detectados en la parte exterior del dique.
En su comparecencia ante los medios Álvarez ha explicado que esta actuación -de la Consejería de Obras Públicas- se enmarca dentro del mantenimiento y mejora de una infraestructura portuaria previsto en el Plan de Puertos de Cantabria, en concreto dentro del Programa de Actuaciones de modernización y potenciación.
MODIFICACIÓN LEY DE DERECHOS Y SERVICIOS SOCIALES
En cuanto a su departamento, la consejera ha destacado la autorización de la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria para introducir una disposición adicional en la norma actual y garantizar que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la administración pública.
El fin es que el precio de concertación no sea "un freno" a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito de la dependencia y la discapacidad, sino "avanzar en la profesionalización del sector y garantizar unas condiciones laborales dignas".
La propuesta, como ha subrayado la titular de la Consejería del ramo, ha sido acordada con todas las entidades del sector, así como por los agentes sociales; y suscrita después por unanimidad por los grupos parlamentarios.
Por eso, se tramitará por la vía de urgencia, y Álvarez espera que pueda estar aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Cantabria este próximo mes de marzo.
Por otro lado, en Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio el Gobierno ha autorizado una aportación a la sociedad Suelo Industrial de Cantabria (SICAN) de más de 8 millones previstos en los presupuestos regionales de este año para financiar su actividad.
Y más de 4 millones, previstos igualmente en las cuentas autonómicas de 2022, para financiar la actividad de la Sociedad Gestora del Parque Científico y Tecnológico (PCTCAN).
ECONOMÍA Y HACIENDA
Por otro lado, en el área de Economía y Hacienda el Ejecutivo se ha autorizado un convenio de colaboración entre la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria y el Colegio de Economistas para la formación práctica en materia tributaria de colegiados en paro, dotado con 187.801 euros.
El objetivo es promover la especialización y formación práctica de los economistas colegiados en materia tributaria en general, y, en especial, en el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización de la gestión tributaria, en empresas privadas e instituciones, en las relaciones con la ACAT, para contribuir a su extensión entre los cántabros y facilitar la consecución de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.
En virtud de este acuerdo, el Colegio seleccionará y contratará un equipo de colegiados inscritos en su agencia de colocación, que actuarán de acuerdo con las directrices conjuntas que establezcan la ACAT y la propia entidad colegial para garantizar su adecuada formación acorde con las exigencias de la digitalización de la economía y de la gestión tributaria.
El personal seleccionado desarrollará su actividad formativa a través del estudio y la colaboración en aquellos aspectos que son propios de la ACAT, realizando su formación práctica, de forma presencial, principalmente en las diferentes sedes y ámbitos competenciales de la agencia y deberá asistir a los cursos de formación que, en su caso, organicen el Gobierno y el Colegio. PAGOS PENDIENTES POR ACTUACIONES YA REALIZADAS
Finalmente, sobre los pagos por más de 35 millones que realizará de forma inmediata Economía y Hacienda a varias consejerías, se corresponden a distintas actuaciones ya realizadas el pasado ejercicio y que quedaban pendientes de abonar.
Álvarez ha destacado los más de 8 millones de la Consejería de Desarrollo Rural y otros tantos en su departamento, para por ejemplo diversas actuaciones de mantenimiento de empleo, así como 7 millones más al Servicio Cántabro de Salud, entre otras cuantías.
