El Grupo Popular pedirá en el Pleno, que se celebra el martes, 21 de mayo, al ser festivo el lunes en Santander, que el Parlamento inste al Gobierno de España a reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad ante el "abandono" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
De esta manera, el PP busca adherirse a la 'Ley Feijóo' aprobada en el Senado el pasado mes de abril, y que ya ha iniciado su tramitación parlamentaria en el Congreso, para modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria.
El diputado regional y portavoz de Seguridad del PP, Cándido Cobo, explica en un comunicado que con esta iniciativa también se solicita que se mejore y complemente las condiciones sociolaborales y económicas de estos trabajadores.
Además, que se imparta por la propia Institución Penitenciaria, antes de iniciar su actividad, la formación específica tanto teórica como práctica, que permita a estos trabajadores "identificar aquellos indicadores de los que se pudiera interferir que un interno pudiera encontrarse en un proceso de radicalización, ya sea como sujeto pasivo o activo de este proceso".
Y, que en los procesos penales seguidos contra trabajadores penitenciarios, en caso de detención, se garantice su separación del resto de detenidos y, en supuesto de ingreso en prisión así como los traslados bajo custodia, se mantengan "en todo momento" separados del resto de reclusos.
Cobo señala que esta situación podría afectar en Cantabria a un millar de funcionarios, y ha señalado que, tal y como se ha informado, senadores y diputados del PP están realizando una ronda de contactos con los principales sindicatos de funcionarios de prisiones para transmitir al colectivo el apoyo del PP y el compromiso con su reivindicación.
Además, destaca que los trabajadores penitenciarios atienden situaciones "tan conflictivas" como es el velar por el cumplimiento de quienes han sido objeto de sanciones por parte del orden penal y lamenta que un número "cada vez más elevado" de funcionarios de prisiones tengan que hacer frente a situaciones "de violencia".
Prueba de ello, como afirma, es que solo en 2023 se produjeron 508 agresiones a funcionarios, "una cifra récord, que se incrementa en un 12% con respecto al año 2022 y lo que supone una media de una agresión cada 17 horas".
