El Gobierno de Cantabria trabajará a una "velocidad de vértigo" para iniciar la tramitación e intentar licitar 6,4 millones de euros procedentes de fondos europeos para la modernización y agilización de la Justicia que estaban "a punto de perderse", ya que los expediente llevaban "paralizados desde 2022".
Así lo ha dicho la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia (PP), en la entrevista de este domingo para RNE recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que el traspaso de competencias en su Consejería, que antes ocupaba la regionalista Paula Fernández, ha sido "ejemplar" en muchos aspectos, pero también se ha encontrado con asuntos que le han "preocupado".
Y es que, a diferencia de otros compañeros de Gobierno que han tenido que "hacer todo en tiempo récord" desde su llegada al cargo, Urrutia ha dicho que en su departamento estaba "todo iniciado y en marcha", con muchas subvenciones incluso "resueltas y pagadas", pero también ha encontrado problemas como los fondos europeos sin tramitar de la Dirección General de Justicia.
También se ha referido a asuntos negativos que ha 'heredado' como la ausencia de una cámara Gesell en Cantabria para las declaraciones ante la Justicia o las obras del antiguo Convento de las Clarisas en Santander, que estaban adjudicadas y "podrían haberse iniciado en abril", pero según ha dicho ya no es posible porque al anterior Gobierno (PRC-PSOE) "se le olvidó" licitar un contrato.
Por otro lado, ha avanzado que en base al presupuesto elaborado por el PP --y que previsiblemente se aprobará tras el acuerdo rubricado con el PRC esta semana-- la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa dispondrá en 2024 de 145 millones de euros, que son unos diez más que este ejercicio, un 7,22% más.
Sumando la dotación de los dos organismos autónomos, El Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP) 'Rafael de la Sierra' y del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), que crecerán un 17% y un 3,6%, respectivamente, la cuantía que manejará el departamento de Urrutia rondará los 155 millones.
Entre sus proyectos más importantes de legislatura ha mencionado el Pacto por la Justicia, con el que quiere, entre todos los implicados, revertir la actual situación "tan dramática" tras meses de huelgas y conflictividad laboral.
En paralelo, quiere acabar las obras del Convento de las Clarisas; renovar el parque móvil de los servicios de emergencias; renovar la ley de función publica, que data "de hace 30 años"; y construir helipuertos. En este sentido, próximamente se va a inaugurar el construido en Valderredible y el Gobierno tiene proyectados para 2024 otros dos en Tresviso y Polaciones, en este último caso ya con un terreno previsto.
REORGANIZACIÓN DE FUNCIONARIOS
Por otro lado, la Consejería tiene intención de elaborar un 'plan de empleo' para analizar los recursos y personal que tiene y que necesita la Administración, y con ello "reorganizar" los efectivos y prever los que se deben contratar mediante ofertas públicas de empleo.
Así, es probable que en 2024 se realice una "remodelación" de relaciones de puestos de trabajo con "criterios objetivos y unidad desde las consejerías", ha dicho Urrutia.
Al hilo, se ha referido a la subida salarial del 30% que ha pedido esta semana la Junta de Personal Docente y la ha considerado "totalmente desproporcionada", "sabiendo la situación que están viviendo otros ciudadanos".
En este sentido, ha recordado que la nómina de los 25.000 empleados públicos de Cantabria se incrementará hasta un 0,5% desde este mes de octubre con efectos retroactivos desde enero de 2023, tras el acuerdo firmado a nivel nacional en la Mesa General de las administraciones públicas.
