Izquierda Unida ha propuesto al Gobierno de Cantabria que establezca una moratoria de tres años a los permisos para nuevas viviendas de uso turístico en la comunidad autónoma, así como aumentar la inspección.
Se trata de tres años de moratoria, es decir, en los que no se concedan nuevas autorizaciones hasta que se redacte y apruebe el nuevo decreto, y durante un período posterior que permita evaluar si ha funcionado correctamente "el que debe ser el principal objetivo", que es reducir los precios de la vivienda de uso residencial en Cantabria.
Así lo ha explicado en un comunicado el coordinador de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, quien ha defendido que si se quiere "abordar el descontrol", no se puede permitir que el descontrol continúe mientras se regula, porque lo contrario supone "ser parte activa en el crecimiento de los precios de la vivienda en la comunidad".
La moratoria, que ya se aplicó en la Ley del Suelo de 2001 y que podría ser prorrogable, según la propuesta de IU, es una de las medidas que figura en las aportaciones que ha trasladado la coalición cántabra a la elaboración del decreto de viviendas de uso turístico, en las que advierte de que "el crecimiento descontrolado" de las mismas "está restringiendo las viviendas disponibles para la Cantabria real" y también afecta a los profesionales de pequeñas casas rurales "que sí cumplen las normas".
Ruiz Salmón también ha afeado que los responsables de Vivienda en Cantabria se nieguen a aplicar la Ley Estatal para limitar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, porque lo que a su juicio están haciendo es "intervenir en el mercado para perjudicar a las familias: cada minuto que pasa sin que actúen, ellos mismos están subiendo los precios de los alquileres".
Sus propuestas pasan también por el control del urbanismo municipal, en el sentido de que los ayuntamientos sin planeamiento urbanístico o con planeamiento sin actualizar tampoco podrán ser objeto de autorización de nuevas viviendas turísticas.
Además, dadas las continuas referencias de las instituciones a las diferencias entre las viviendas turísticas autorizadas y las realmente existentes, Izquierda Unida considera básico realizar una inspección general en todas las que reflejen los portales "para que solo funcionen las que deban hacerlo porque sí cumplan la normativa".
Para realizar esa inspección será necesario, como recogen sus alegaciones, incrementar las plazas destinadas a este fin en la administración, lo que tendrá efectos positivos en un aumento de la recaudación y en una lucha contra el dinero negro.
Las alegaciones también plantean la implementación de tasa turística a nivel autonómico que, además, permita a los ayuntamientos su modulación al alza para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos locales; o el desarrollo de un censo que concrete el número real de viviendas destinadas a alquiler para residencia habitual y alquiler para uso turístico.
Asimismo, plantean que las inmobiliarias y portales de vivienda deban garantizar una ratio mínima de oferta del 80% de viviendas para uso residencial, quedando el resto disponible para vivienda de uso turístico.
