Colectivos antidesahucios de Cantabria han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, para abordar la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como la 'Ley Mordaza', y las multas impuestas a ocho de sus miembros en la ejecución del desahucio de uno de ellos.
El portavoz del grupo de multados, Roberto Mazorra, cuyo desahucio dio lugar a las multas, ha calificado de "bochornoso" que "el Gobierno autodenominado 'más progresista de la historia' mantenga en pie una ley tan represiva" como la 'Mordaza', y como "todavía más vergonzoso" que la Delegación del Gobierno "nos imponga estas multas después de la desproporcionada intervención de la policía en el lanzamiento".
En declaraciones a los medios este jueves en un acto convocado junto a la Delegación del Gobierno para explicar la campaña que han iniciado para denunciar la 'Ley Mordaza' y la situación de los multados en la ejecución del lanzamiento del 18 de julio de 2023, en el que fueron multadas ocho personas por resistencia activa/obstrucción, Mazorra ha recordado que en su desahucio fueron de denunciados y multados ocho miembros de colectivos antidesahucios, incluido él, por "una supuesta resistencia activa/obstrucción al lanzamiento ejecutado".
A raíz de estas multas, activistas de la Red Antidesahucios, de la PAH y de Stop-Desahucios han participado en una serie de reuniones con el objetivo de iniciar una campaña para obtener fondos y apoyo a los multados, además de denunciar "la represión" contra el movimiento antidesahucios.
Mazorra ha explicado que, durante estos meses, "la mayoría de los multados" han recibido los expedientes sancionadores y las multas correspondientes, aunque no todos. Y la situación es "desigual", ya que algunos han pagado la multa, mientras que otros han presentado alegaciones o recursos.
El portavoz ha manifestado que, "conociendo el modus operandi de la Delegación del Gobierno", es "probable" que la mayoría de los casos "terminen en el juzgado, ya sea mediante un contencioso, para los que hemos presentado alegaciones, o a través de una demanda por vulneración de derechos fundamentales". En este último caso se agruparían todos los casos y expedientes en un solo procedimiento judicial, ha explicado.
Las sanciones, de ejecutarse en su totalidad, supondrían 600 euros por persona, es decir, 4.800 euros, y según Mazorra, imponerlas no ha sido una práctica común hasta los últimos años.
"Pero en los últimos tiempos se ha recrudecido la represión", ha denunciado, apuntando al desahucio de Astillero, donde se multó a un grupo de militantes y se denunció penalmente a otros dos, y el caso que le afecta directamente.
En este sentido, ha considerado que "parece" que en su desahucio "hubo intención de hacer un escarmiento, porque es la primera vez que la policía acordona la zona a horas tan tempranas, las cinco de la mañana, y, sobre todo, destroza un portal para practicar un desahucio sin orden judicial. Y, después, las correspondientes multas. Digamos que en el caso nuestro es un pack completo de represión y sanciones".
Por otro lado, según los afectados, en los expedientes notificados existen "numerosas irregularidades", como que "no está clara" la infracción, "si resistencia activa u obstrucción", o "la ausencia de infracción por parte de los multados debido a la falta de una orden judicial para entrar en el portal", según los activistas sancionados.
Por todo ello, han solicitado reunión con la Delegada del Gobierno, para saber "si continuarán los abusos policiales o va a producirse algún cambio". "No somos muy optimistas, pero por intentarlo que no quede", ha señalado Mazorra.
En cuanto a las actividades programadas por la Red Antidesahucios, que ha elaborado un manifiesto 'Contra la represión del Gobierno y los desahuicios', mantendrá reuniones con unos 30 colectivos políticos y sociales de Cantabria.
Asimismo, participará este fin de semana en las actividades solidarias organizadas en el marco de las jornadas de la Asamblea Antifascista de Cantabria.
