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PSOE y PRC urgen la dimisión o cese "inmediato" del concejal de Obras por el derribo del edificio

El PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Santander ha pedido la dimisión o cese "inmediato" del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz (PP), por el derrumbe parcial el pasado miércoles del edificio ubicado en el número 57 de la calle del Sol, horas después de la aparición de grietas en la estructura.

Comentarios024 jul 2017 - CEST
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SANTANDER, 24

El PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Santander ha pedido la dimisión o cese "inmediato" del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz (PP), por el derrumbe parcial el pasado miércoles del edificio ubicado en el número 57 de la calle del Sol, horas después de la aparición de grietas en la estructura.

De la solicitud han informado este lunes, en rueda de prensa, los portavoces de los grupos Socialista y Regionalista en el Consistorio, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, quienes han denunciado que lo sucedido es "un cúmulo de despropósitos", donde ha existido "dejación de funciones" y una "aparente negligencia política", además de un "posible trato de favor", de modo que el responsable político de la Concejalía de Infraestructuras "no puede estar un día más en su puesto".

"Debe dimitir por el desamparo en que ha tenido a los vecinos, a quienes no ha escuchado; por lo que parece un trato de favor en la concesión de licencias en base a no sabemos qué motivos; y porque no podemos tener un concejal de Obras que, o bien no sabe algo que tiene que saber (el plazo de concesión de una licencia de obra mayor) o bien está ocultando la verdad", ha resumido Fuentes-Pila.

"Si no dimite, la alcaldesa debe cesarlo de forma inmediata", han remarcado los portavoces de los principales grupos de la oposición, que además han pedido, vía Registro municipal, la creación "inmediata" de una comisión de investigación independiente, así como poner las conclusiones de la investigación en conocimiento de la Fiscalía "por su hubiera delitos".

Tras estudiar durante el fin de semana toda la información sobre el caso proporcionada el viernes por el equipo de Gobierno, Casares y Fuentes-Pila han coincidido en que el derrumbe "se podía haber evitado", en que las consecuencias podían haber sido peores --el inmueble fue desalojado pocas horas antes del colapso de la fachada-- y en que desde el equipo de Gobierno no se escuchó a los vecinos, quienes han denunciado reiteradamente los problemas en el edificio.

En este sentido, a juicio del regionalista, el PP "ha sido más diligente" con quienes han realizado una obra "al margen de la legalidad" que con los vecinos "a los que tiene la obligación de proteger". "El PP ha atendido mejor a quienes presuntamente rompieron la ley que a quienes perdieron sus casas y eso tiene que tener consecuencias", ha manifestado Fuentes-Pila.

Precisamente el "desamparo" de los vecinos afectados, lo que "parece ser un trato de favor" en la concesión de licencias de obra y las declaraciones del concejal de Obras diciendo que desconoce el plazo para otorgar una licencia de obra mayor --"y esa respuesta o es mentira o es una muestra de su incapacidad"-- llevan a regionalistas y socialistas a pedir la dimisión de Díaz.

"En estos cinco días hemos oído algunas explicaciones, algunas imprecisiones y lo que creemos que son falsedades", ha denunciado el concejal del PRC, quien ha lamentado que lo que no ha hecho el equipo de Gobierno es "pedir perdón" a los afectados.

"Pedir perdón, investigar lo sucedido, impartir justicia y asumir responsabilidad política son las cuatro cosas que se deberían haber hecho y no se ha hecho ninguna de ellas", ha remarcado Fuentes-Pila, quien ha insistido en que, si bien la "responsabilidad última" la tendrá que decidir un juez, hay una responsabilidad política "clara" y "el concejal de Obras no puede estar ni un día más en su puesto".

"Ha tenido tiempo para presentar su dimisión y esperamos que lo haga; si no fuera así, es la alcaldesa quien tendrá la obligación de cesarle", ha defendido, afirmando que esta petición de "o dimisión o cese inmediato" no se hace "a la ligera" sino basada en "hechos absolutamente graves" como que el equipo de Gobierno tuviese en su poder durante 13 días, "en algún lugar encima de alguna mesa", un informe arquitectónico que "alertaba de forma explícita de los peligros de la obra y las consecuencias".

Fuentes-Pila ha sido categórico al afirmar que el informe "no deja lugar a duda" y habla de "daños estructurales" y de que "se estaba debilitando la estabilidad del edificio", pero nadie ha respondido qué se hizo con él.

Además, ha subrayado que es "obligación del Ayuntamiento" vigilar para que las obras se adecuen a las licencias. "No pueden alegar desconocimiento porque estaban avisados y no hicieron absolutamente nada".

"La pregunta clave es por qué; ¿hubo orden para mirar a otro lado o un trato especial? Y eso es lo que nos tienen que responder", ha instado el regionalista, que en este sentido se ha remitido a la "celeridad" con que el empresario que estaba ejecutando las obras "ha obtenido todas las licencias que ha pedido".

"Estamos seguros que es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Santander en que una licencia de obra mayor se concede en once días", ha subrayado. Un plazo que fue "suficiente" para otorgarla "pero no para echar un ojo a un informe que alertaba de los peligros de las obras sobre el edificio", ha apostillado.

En este sentido, el pasado viernes los grupos registraron una petición de documentación de todas las licencias de obra mayor y menor concedidas por el Ayuntamiento en 2016 y 2017 para conocer los tiempos y las "pautas" existentes.

LICENCIAS

Al hilo, el portavoz socialista ha informado que la primera licencia de obra menor pedida en abril se concedió en ocho días y la segunda, en mayo, se presentó un viernes a las 13.25 horas y se concedió el lunes siguiente --cuando el mínimo para cambiar de negociado son 24 horas-- en el plazo de "una hora". El tiempo medio para conceder una licencia de obra menor en el Ayuntamiento de Santander es de un mes.

Respecto a la licencia de obra mayor, se solicitó el 12 de junio y el 23 de junio ya la había firmado el concejal. El plazo medio es de cuatro a seis meses para concederse.

Cesares se ha referido a otros "hechos graves", como las denuncias de los vecinos a través de llamadas a la Policía Local pidiendo la paralización de las obras. Al respecto, PSOE y PRC han solicitado en la Comisión de Urbanismo parar las grabaciones de la centralita de este Cuerpo para que "no se pierdan" las realizadas por los vecinos, pero el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Nalda, no ha asegurado nada al respecto.

Un edil al que la oposición ha censurado sus declaraciones respecto a la obra del ascensor realizada en el inmueble meses atrás y al que han pedido "cautela y responsabilidad política", así como "prudencia" antes de pronunciarse como lo hizo.

PLAZOS

El 15 de junio se ordenó paralizar las obras pero no fue hasta el 21 de junio cuando Díaz firmó la orden, lo que se comunicó a la Policía Local el 26 y un día después acudió al local. Una "intención clara de demora" y un tiempo en el que "casualmente" se obtiene la licencia de obra, que así queda legalizada.

Además, según el socialista, el 28 de junio Díaz "firma el archivo del expediente de delito urbanístico" y "no sabemos por qué; la primera gran mentira de César Díaz", ha remarcado, así como que se trata de un "hecho muy grave".

A ello se suman los 13 días "en que el Ayuntamiento no hizo nada" desde la entrega del informe arquitectónico advirtiendo del riesgo de que las obras hubieran afectado a la estructura.

El socialista también ha censurado que el promotor pidió licencias de obras por 30.000 euros cuando él mismo aseguraba en publicaciones propias que era una inversión de 200.000 euros, mientras el portavoz regionalista ha recordado al respecto la "obligación" del Ayuntamiento de "vigilar" que las obras se adecuen a las licencias concedidas.

Finalmente, Casares ha criticado el "desamparo" de algunos vecinos, sobre todo mayores, a los que se envió al Centro de Acogida Princesa Letizia, una "respuesta habitacional" que no considera "adecuada".

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